La situación de inseguridad que se vive en algunas zonas del país ha generado múltiples críticas por parte de políticos de la oposición que han señalado al Gobierno del presidente Gustavo Petro de ser responsable del fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales en varios departamentos. Pues, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Paz Total de la administración actual ha presentado fallas en cuanto a los diálogos de paz con organizaciones ilegales, toda vez que no se ha hecho una ejecución correcta de los ceses al fuego.
“[Los ceses al fuego] han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz, han jugado en favor de este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del Estado en las zonas más vulnerables del país”, indicó la FIP en un informe divulgado en febrero de 2024.
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El recrudecimiento de la violencia se evidencia en el departamento del Meta, donde, según informó la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, los habitantes están confinados en sus casas por temor a los actores armados. Entonces, la senadora cuestionó al primer mandatario por presuntamente estar enfocado en otros temas y no en la seguridad del país.
“Mientras Petro distrae al país hablando de una constituyente, la guerrilla se toma el país y somete a los ciudadanos. Este es el municipio de San Juan de Arama en el Meta, el comercio cerrado por las extorsiones y amenazas de las FARC”, aseveró Cabal en la red social X.
Según la senadora, el “cambio” prometido por el primer mandatario en la campaña presidencial ha implicado el permitir que las organizaciones armadas, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), actúen como prefieran. “Haciendo lo que les da la gana”, escribió.
La grabación compartida por la congresista muestra que, en efecto, los establecimientos de comercio del municipio permanecen cerrados y no hay personas en las calles, únicamente algunos vehículos parqueados en la zona. Una situación similar se presentó en el corregimiento de Puerto López, ubicado en El Bagre (Antioquia), donde los habitantes permanecieron en confinamiento por nueve días, por orden de grupos armados.
La ciudadanía y la Alcaldía del Bagre pidieron ayuda por la situación humanitaria, que implicó la falta de acceso a servicios básicos. Pues, las organizaciones ilegales impidieron a las personas salir de sus casas, así tuvieran que atender casos de urgencia que requirieran atención en salud. Por eso, varias familias pusieron en riesgo sus vidas yendo, a escondidas, a los centros de salud.
El presidente de la República ha mencionado en más de una ocasión la necesidad de establecer un “poder constituyente” que pertenece al “pueblo” y el cual, al parecer, le permitirá tomar decisiones sobre sus asuntos. A pesar de que aseguró que se podría evaluar la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, recientemente negó que haya asegurado tal cosa, y que los medios de comunicación han tergiversado sus palabras.
En todo caso, los opositores al Gobierno alertaron sobre la posibilidad de que el presidente quiera modificar la Constitución Política y revivir la figura de reelección, para así poder permanecer más tiempo en el cargo. Sin embargo, el 4 de junio de 2024, en un evento de saludo al cuerpo diplomático residente en Colombia, Gustavo Petro desmintió públicamente dichos rumores, asegurando que no está interesado en seguir dirigiendo al país por más de cuatro años.
“Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz. En esos intríngulis estamos”, dijo el mandatario.
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